Se aprueba el Real Decreto que determina las obligaciones para el establecimiento de los Consignatarios de Buques

El Consejo de Ministros aprobaba este pasado viernes el real decreto que actualiza la normativa relativa a la consignación de buques y que complementa la doble regulación existente y que afecta tanto a sus responsabilidades frente a la Administración Pública, como la relación contractual con el armador o naviero. Ambos textos son el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, dentro de su título V, sobre los contratos auxiliares de la navegación, que dedica su capítulo II al contrato de consignación de buques y donde se regula la vertiente privada de los agentes consignatarios.

La norma reglamentaria no va mas allá de lo dispuesto en ambas leyes, cuerpos jerárquicamente superiores, y da en su artículo segundo una definición del agente consignatario de buques similar a la que ya consolidó la LNM en 2014, pero limitando la actividad de los consignatarios de buques a lo dispuesto en esta norma y en la Ley del Contrato de Agencia de 1992. Esto es algo que ya cristalizó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 11ª de 03.10.2005 obtenida por un socio de esta firma, y que confirmó en sede judicial el argumento de defensa de nuestro cliente trece años antes de hacerlo el Gobierno, que el consignatario de buques está limitado en su actividad a observar los férreos requisitos de un agente independiente de su principal, en el aspecto societario, económico-contable y de actividad.

Asimismo el Real Decreto crea un registro de agentes consignatarios de carácter público y administrativo que será dependiente del Ministerio de Fomento, como ya sucede con el de transitarios/operadores del transporte, el que se constituirá como una base de datos informatizada que facilitará el acceso de armadores y navieros a estos servicios y, por otro lado, mejorará el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones marítimas y portuarias.

Finalmente, el capítulo III establece las tres obligaciones fundamentales que conforman las condiciones para el ejercicio de la actividad de los agentes consignatarios, además de las que ya prevé la ley, que no se reiteran en este real decreto. Esas tres obligaciones son la de contar con una oficina o establecimiento físico con un responsable al frente en cada municipio donde se ubique un puerto en el que lleven a cabo su actividad o, en su defecto, la forma de prestar su servicio cuando se trate de un puerto en el que no haya ningún consignatario con oficina; la obligación de contar con recursos y medios que prevean los pliegos de condiciones particulares del servicio comercial de consignación de las Autoridades Portuarias y, finalmente, la de responder del cumplimiento de las reglas y formalidades establecidas para la estadía de los buques en puerto.

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